Ante los sucesos que están aconteciendo en las últimas semanas en el ámbito sanitario, y que no hacen más que incrementar el riesgo de colapso del Sistema Nacional de Salud, desde la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), nos vemos en la obligación de manifestar, de manera pública y oficial, el sentir de los más de 25.000 hombres y mujeres dedicados a los servicios de Urgencias y Emergencias de nuestro país y que con orgullo y legitimidad representamos.
Nuestro objetivo es poder contribuir a la búsqueda de soluciones para la mejora de la situación actual, que permitan minimizar el perjuicio para los ciudadanos y ciudadanas, asegurando el bienestar del paciente que es, precisamente, nuestra principal razón de ser. Y lo hacemos condenando de forma explícita cualquier uso partidista que se pueda hacer de esta situación, y rechazando cualquier intento de secuestro de la política pública para satisfacción de intereses particulares que atenten contra la consecución del bien común.
Queremos expresar nuestro respeto y solidaridad hacia todos los compañeros de profesión y, especialmente, a los médicos de familia dedicados a un ámbito sanitario tan importante como el de la Atención Primaria, incluyendo los centros de atención continuada, también conocidos como urgencias extrahospitalarias. Sin ser ese nuestro campo de actuación legalmente atribuido, podemos no solo comprender, sino empatizar con su sentir, derivado del elevado nivel de agotamiento y desazón que compartimos, tras estos duros años en la primera línea de lucha contra la pandemia, junto a la amenaza creciente de falta de recursos, de la que, desde SEMES, alertamos con profunda preocupación desde hace tiempo.
Una amenaza que tiene especial significancia para nuestro caso ya que, a la exigencia de excelencia en el diagnóstico y a la atención, hay que añadir la tensión permanente que conlleva el tener la vida del paciente en nuestras manos, de manera tiempo-dependiente. Por ello, observamos con temor el potencial impacto devastador que tendría un eventual colapso de la atención primaria sobre nuestros servicios, ya de por si altamente tensionados ya que actualmente atendemos a un 25% más de pacientes de media (incluso alcanzando puntualmente un 40% en algunas Comunidades Autónomas) respecto a 2019.
Esta falta manifiesta de médicos y enfermeras que va a empeorar con las jubilaciones previstas y con la fuga de talentos de los médicos jóvenes, derivada de unas condiciones laborales poco razonables, de la incapacidad de atracción de algunas especialidades (en especial, medicina de familia, que no ha cubierto todas las plazas de MIR ofertadas) y de la imposibilidad de satisfacer la vocación de muchos estudiantes. En concreto, en España, la anomalía europea e internacional que todavía no tiene reconocida la especialidad de medicina de urgencias y emergencias (solo la tiene en el ámbito militar), los estudiantes que quieran ejercer en este ámbito o emigran o se ven forzados a estudiar otra especialidad (principalmente, medicina de familia) que nunca van a ejercer. Así, se permite una dinámica perversa de mal uso de recursos públicos, invirtiendo en la formación de médicos que van a acabar trabajando en otros países o en campos para los que no se han formado debidamente. Contribuyendo, además, a la inflación de médicos de familia, teniendo un número de médicos de familia irreal, ya que muchos de ellos pasan por la especialidad obligados y sin intención de ejercerla, aumentando con ello al déficit actual de médicos para los centros de salud.
Así pues, esta deficiente gestión de recursos humanos, junto a una insuficiente financiación, pone en evidencia la necesidad de afrontar reformas estructurales del Sistema Nacional de Salud, que ordenen y regulen debidamente tanto los servicios de atención primaria como los servicios de urgencias y emergencias, los dos puntales fundamentales de la sanidad de nuestro país, antes de que sea demasiado tarde para todos.
Hoy más que nunca, y como un primer paso en la senda correcta, es necesario diferenciar estas dos especialidades, apoyando la creación de la especialidad primaria de Medicina de Urgencias y Emergencias, que haga posible la ordenación de los recursos humanos de ambos servicios, mediante una planificación eficaz, alineada con Europa, y eficiente, minimizando su impacto presupuestario. Cualquier acción que apueste por la perpetuación de esta situación insostenible o, incluso peor, que intente ahondar en la senda de la confusión y el mal uso de los recursos públicos, tendrá que asumir la responsabilidad de la implosión del sistema sanitario.
Por todo ello, hoy alzamos la voz para apelar al sentido de la responsabilidad de todos los responsables políticos pero, muy especialmente, al Gobierno de España, para que aúnen esfuerzos para hallar una solución de futuro, con toma de decisiones inmediatas que pueda revertir esta tendencia tan peligrosa en la que nos hallamos.
Y para ello, desde SEMES, como único representante legítimo del segundo mayor colectivo médico de España, tendemos la mano para la elaboración y firma de una Pacto Estatal por la Sanidad Pública, basado en el espíritu de consenso y en el compromiso social, garante de la sanidad pública de calidad, segura y universal que pueda asegurar la permanencia del estado de bienestar, no solo para todos los ciudadanos y ciudadanas de hoy, sino también para las generaciones futuras.
En Madrid, a 15 de noviembre de 2022.
Firmado
Junta Directiva
